Nueva reforma laboral

Política 14 de octubre de 2021 Por María Ruso
Bonificación de cargas laborales, reducción del costo de indemnizaciones y negación al derecho de apelación, parte del menú de reformas propuesto.
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La creación de empleo formal como salida a la crisis fue la diagonal que atravesó los paneles que se llevaron a cabo durante la primera jornada del 57º Coloquio de IDEA. El punto de partida fue la presentación de un plan con tres propuestas concretas que incorporan nuevos elementos a recetas conocidas: la creación de un régimen laboral de emergencia con bonificación temporal de cargas patronales, reducción del costo de indemnizaciones para las Pymes y capacitaciones para adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral. 

Santiago Bulat, economista jefe de IDEA, fue el encargado de presentar las propuestas ante la mirada de los ejecutivos, algunos de los cuales formaron parte del equipo de doce empresarios que él coordinó durante aproximadamente un año para terminar de darle forma al plan. Previo a la exposición pública le presentaron la propuesta al ministro de Economía Martín Guzmán, con quien comparten la idea de que para generar empleo hay que ordenar la macroeconomía y generar crecimiento. Este viernes cerrará el evento el presidente Alberto Fernández, que confirmó su presencia esta tarde.

Guzmán fue muy claro en este sentido: "Nuestra política en la forma de ordenar las cuestiones del mercado de trabajo no es sobre la base de debilitar o quitar derechos, para nada" y agregó que "los datos nos muestran que, con la misma legislación laboral, la Argentina ha tenido períodos donde se creó empleo y donde hubo crecimiento de números de empresas. ¿Qué se dio en esos periodos? Que la economía funcionó mejor, la macroeconomía estuvo mejor, la economía creciendo. La situación de una macroeconomía funcionando bien para nosotros es el factor fundamental para la creación de empleo".


Desde IDEA tienen en claro que no son generadores de políticas públicas, pero le plantearon a Guzmán esta solución para acompañar el camino hasta conseguir el ordenamiento de la economía. "No toca un solo derecho de los trabajadores que tienen trabajo", se adelantó Bulat y agregó: "Lo dijo muy bien Alvarez Agis: estamos muy preocupados por proteger los derechos del 28 por ciento de los trabajadores registrados, pero ¿qué pasa con el 72 por ciento restante?", recuperando una frase que el ex viceministro de Economía aportó a la discusión en otro panel durante la jornada.

El ministro de Economía fue consultado además por otro de los temas que preocupan a los empresarios asistentes del evento, la prohibición de despidos. Guzmán la asoció a una situación coyuntural para evitar la destrucción de empleo masiva e insistió: "Lo central es la situación macroeconómica, estabilizar la economía, tranquilizarla. Tener un modelo productivo en el centro, un modelo que agrega valor a la economía y por supuesto ir adaptando la organización del mercado de trabajo a las circunstancias que se van dando". 

Los ejecutivos aseguraron que no tienen una "táctica legislativa" para llevar adelante estas medidas, que presentaron el diagnóstico a oficialismo y oposición. El próximo paso será hacerlo ante el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que no participa del Coloquio: "No hay nada cerrado, la idea ahora es sentarnos a debatir", aseguró el director ejecutivo Daniel González.

La propuesta

El plan que propone el empresariado argentino consta de tres patas.  En primer lugar, la creación de un régimen laboral de emergencia que "impulse rápidamente la creación de nuevos puestos de trabajo e incentive la formalización". Este nuevo régimen laboral propone un esquema de baja de cargas patronales por tres años en la creación de nuevos puestos de trabajo sobre todo de poblaciones específicas, como jóvenes. Exime el 75 por ciento de la carga en el primer año, el 50 por ciento en el segundo y el 25 por ciento en el tercero para retomar el esquema general a partir de ese momento. 

Propone también un nuevo esquema temporal para desvinculaciones que preserve las indemnizaciones y "desincentive la industria de los juicios laborales". Aquí, el costo de la indemnización dependerá del tamaño de la empresa.

En segundo lugar, propone avanzar hacia la federalización del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, la reforma del régimen de multas laborales que desincentive la industria del juicio y la modernización de los convenios colectivos de trabajo para promover mejoras en la productividad. Apunta a la prohibición de iniciar reclamos judiciales luego de pactada y liquidada la indemnización. 

Por último, la tercera propuesta se centra en un programa de capacitaciones para adaptarse a las demandas del mundo laboral. "Si no hay capacitación, nada puede funcionar de lo que hagamos en adelante. Sobre todo, con casi la mitad de estudiantes secundarios que no terminan sus estudios. En este caso, habría una remuneración estímulo para capacitarse en las empresas y los que no sean incorporados pueden obtener un certificado para aplicar a otros trabajos", aseguró Bulat.

Otro eje apunta al trabajo independiente, con la reformulación del monotributo para desalentar subfacturación y la creación de una nueva figura laboral para los trabajadores que se vinculen a las nuevas demandas del mercado como los trabajadores de aplicaciones. 

Como novedad propone formalizar a los trabajadores de la economía popular a través de la unificación del monotributo social, el reconocimiento de actividades de baja escala y la certificación positiva de buenas prácticas laborales para cerrar la brecha de género y presentación de informes de igualdad sustantiva de género con beneficios fiscales.

En números

El diagnóstico del que parte el empresariado para realizar esta propuesta se resume en las siguientes cifras:

La economía argentina no genera empleo privado formal hace más de una década. Desde 2008 a la actualidad, la participación del empleo privado formal dentro de la población en edad de trabajar se contrajo 4 puntos porcentuales

En el sector privado hay escaso empleo formal: sólo 2 de cada 10 argentinos en edad de trabajar.

El 24 por ciento de trabajadores registrados corresponde al empleo público. 
Hay 1,8 millones de desocupados

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