Los jueces no quieren quedarse con la causa de la "Mesa Judicial M"

Actualidad 21 de septiembre de 2021 Por María Ruso
Conflictos de competencia paralizan el caso que investiga un sistema de presiones a magistrados por parte de los principales funcionarios de Macri.
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Un caso en el que están imputados Mauricio Macri y varios de sus exfuncionarios va de juzgado en juzgado. Se ha convertido en una brasa caliente.
La causa en la que se investiga una Mesa Judicial del gobierno de Cambiemos acusada de presionar a jueces y fiscales está sumida en un conflicto de competencia que estanca el expediente. El caso venía avanzando con numerosa prueba, pero varios jueces ya rechazaron continuar su trámite.
 

La causa estaba en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y delegada en el fiscal Franco Picardi, quien recolectó los testimonios de la exProcuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de la camarista de Casación Penal Ana María Figueroa, y de numerosos jueces, entre ellos Eduardo Farah y varios del fuero laboral, que daban cuenta de distintas presiones que habían sufrido durante el gobierno de Cambiemos.

En agosto, la jueza Capuchetti se desprendió del caso al considerar que el Juzgado Federal N°12, que actualmente está vacante y subroga su colega Ariel Lijo tenía desde antes una denuncia similar vinculada a supuestas presiones que habría recibido el juez Alejo Ramos Padilla. Antes, Capuchetti había recibido el caso de manos del juez Sebastián Ramos, con quien también se había entablado un conflicto de competencia.

En julio de 2020, Ramos también se había desprendido al considerar que Capuchetti tenía una denuncia anterior. En aquel momento el camarista Martín Irurzun se inclinó por la competencia de la magistrada.

Por su parte, el juez Lijo consideró ahora que se trata de objetos procesales diferentes, por lo que decidió no tomar el caso.

El conflicto debe ser definido por la Cámara Federal, en el caso el juez Leopoldo Bruglia, ya que Irurzun está excusado.

Los imputados son el expresidente Macri; su jefe de asesores, José Torello; el exministro de Justicia, Germán Garavano; el exSecretario de Legal y Técnica, Pablo Clusella; Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien busca refugio en Uruguay en el marco de otra causa; el exconsejero de la magistratura en representación del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques.

También están imputados el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas; y el expresidente de Boca, Daniel Angelici.

El caso tomó impulso con la denuncia de diputados del Frente de Todos, entre ellos el actual ministro de Justicia Martín Soria. Luego los fiscales Ramiro González, primero, y Franco Picardi, luego, recolectaron declaraciones de jueces y fiscales que dieron cuenta de las intromisiones de funcionarios del gobierno de Macri en el Poder Judicial. Entre esas declaraciones está la del fiscal Gabriel De Vedia, que como testigo reveló cómo lo contactó el Gobierno de Mauricio Macri para intentar alinearlo con los intereses de la Casa Rosada tras la reforma previsional de 2017 (Ley 27.426).

En la misma testimonial el fiscal De Vedia confirmó sus declaraciones periodísticas en las que dijo que en 2017 le había planteado a “Pepín” Rodríguez Simón que debía finalizar la “persecución” contra la entonces procuradora Gils Carbó y que este le dijo que para ello, la jefa de los fiscales debía renunciar al cargo.

La sucesión de pasajes entre jueces y fiscales tiene como obvia consecuencia la parálisis del expediente que quedaba a las puertas de definir si había llamados a declaración indagatoria.

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